Las nuevas leyes suponen una gran revolución administrativa, fruto de una sociedad cambiante y de un nuevo entorno presidido por la eficacia, la eficiencia y la innovación tecnológica, que requieren de una correlativa adaptación de la Administración.
La Administración tiene la obligación de liderar el proceso, para evitar que exista un desequilibrio entre digitalización de la sociedad (el 96,7% de los hogares cuentan con teléfono móvil y el 77,8%, acceso a Internet con banda ancha) y el uso de la Administración electrónica, y debe impulsar la gobernanza, contando con la participación de los juristas, los técnicos informáticos y los gestores públicos de las distintas Administraciones públicas.